Para ejercer una actividad de servicios en España un prestador o emprendedor debe realizar diversos trámites y solicitar distintas aprobaciones de diferentes autoridades. El emprendedor que quiera establecer su negocio necesita conocer cuáles son esos trámites y qué requisitos debe cumplir.
En España las actividades de servicio han estado sometidas a una fuerte protección y regulación dándose la circunstancia de que los trámites se reparten en los tres niveles de la Administración (Central, Autonómica y Local). De forma que para tener una información completa hay que conocer las normativas y requisitos en cada uno de los tres ámbitos de administración.
Debido a esta parcelación, el acceso a esta información era complejo ya que había que consultar varias web y/o varias oficinas. Del mismo modo la tramitación requería recabar autorizaciones de diversas administraciones y recorrer varias oficinas. Estas complicaciones hacen que algunos pequeños o medianos prestadores no lleven a término el establecimiento o que les resulte gravoso.
Se da la circunstancia de que el sector servicios es el más importante de la economía española como motor de crecimiento y creación de empleo, representando un 62,6 % del empleo total y un 66,7 % de peso en el PIB.
Para resolver este problema, se ha desarrollado un punto de información único, www.EUGO.ES, que ofrece toda la información necesaria a las empresas de servicio que deseen instalarse o prestar servicios en España, además de facilitar la realización de los trámites de forma electrónica y a distancia. El punto ofrece, igualmente, información a los destinatarios de estos servicios relacionada con la protección de sus derechos.
Este punto de información se ha desarrollado al amparo de La Directiva de Servicio 2006/123/CE dictada por la Comisión Europea que tiene como objetivo facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios en otros Estados miembros y la libertad de prestación de servicios entre los Estados miembros. Es un proyecto del Gobierno de España.
El reto del proyecto ha sido el gran número de organismos involucrados en la información: 16 Ministerios, 17 Comunidades Autónomas, 2 Ciudades Autónomas, 139 organismos, 8.113 Ayuntamientos, 10 Cabildos y 44 Colegios Profesionales. Cada uno de ellos con distinto nivel de información y de madurez tecnológica, lo que ha supuesto diseñar mecanismos flexibles de interoperabilidad y comunicación con las autoridades competentes.
Del mismo modo ha sido necesario establecer un sistema de gobierno apoyado en una obligación normativa, para asegurar el mantenimiento, actualización y calidad de la información.
Los grupos beneficiarios de este portal son los prestadores de servicios tanto españoles como de cualquier Estado Miembro de la Unión Europea, los profesionales, los gestores y las oficinas especializadas y los consumidores que disponen de un espacio informando de sus derechos y vías de reclamación.
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