El empleo de los jóvenes en el Perú, se caracteriza por tener una inserción laboral precaria, sin seguridad social y en su mayoría de manera informal; en efecto 4 de cada 5 jóvenes que trabajan, lo hacen en condiciones precarias. La evidencia muestra que malas experiencias iniciales inciden en trayectorias laborales de escaso desarrollo personal y profesional.
La población joven, que desea insertarse al mercado de trabajo, generalmente lo hace en situación de desventaja, y si logra insertarse lo hace en condiciones desfavorables debido al limitado nivel de capacitación y de experiencia laboral con que cuenta. Así por ejemplo; el 49% de los jóvenes ocupados se encuentran subempleados (11% por horas y 38% por ingresos); el 43% que se insertan, lo hacen en empleos cuyos ingresos permiten cubrir solo el valor de una canasta básica de alimentos; en tanto que, el 8% restante se encuentra en condición de desempleado.
Los y las jóvenes deben sortear una serie de obstáculos para lograr su plena incorporación al mercado de trabajo; obstáculos impuestos por los ofertantes de empleo, bajo la forma de requisitos para postular al puesto de trabajo. Requisitos que se materializan en constancias y certificaciones que a su vez implican importantes desembolsos económicos y una significativa inversión de tiempo que el joven no posee o en su caso desconoce. Es preciso anotar en esta parte que en relación a la población joven de escasos recursos se debe tener siempre en cuenta que por la propia naturaleza de su edad, y su situación de ausencia económica y social, es vulnerable también a una afección moral que deviene en una baja autoestima, lo cual sin duda potencia el riesgo de caer en conductas antisociales y/o autodestructivas que contribuyen a su exclusión social y laboral.
En el Perú, muchas empresas consideran “imprescindible” validar la identidad, la conducta, la educación, la salud y la experiencia laboral del postulante joven previamente a contratarlo; por lo que luego de conocer estos aspectos y sus implicancias, se identificaron una serie de certificaciones y constancias que alternativamente podrían satisfacer los requerimientos de fondo que hacen los empleadores, estableciendo del mismo modo las instituciones que serían las competentes para expedirlas. Certificados que tardan entre 5 a 10 días laborales representando un costo de S/ 127.00 por concepto de tasas (certificado domiciliario, antecedentes policiales y penales, certificados de estudios y carné sanitario), sin considerar los gastos de fotocopias, traslados, llamadas, entre otros.
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