Las adquisiciones públicas representan aproximadamente el 40% del presupuesto total del sector público mexicano y el 16% de la economía nacional total. Son, por tanto el factor de mayor peso en la economía del país y constituyen la actividad gubernamental con mayor impacto en la economía, traducido en beneficios sociales.
La experiencia internacional muestra que una gestión eficaz y transparente de las adquisiciones públicas redunda en servicios más eficaces para la comunidad, dinamización del crecimiento económico e incremento de la confianza de los ciudadanos en su gobierno. Una gestión inadecuada o ineficiente, en cambio, obstaculiza el desarrollo e incrementa los riesgos de corrupción.
Además de su impacto en la eficiencia del sector público y el dinamismo económico, una buena gestión de las adquisiciones públicas representa ahorros fiscales relevantes. Por su peso relativo, las adquisiciones públicas son en sí mismas un factor económico decisivo en el mercado. Las prácticas de adquisición pública pueden proteger ciertos sectores, inducir el desarrollo de otros, estimular u obstaculizar la competitividad, influir en la distribución o concentración regional de las inversiones de los agentes privados y afectar el precio de gran cantidad de bienes, obras o servicios.
El Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012, eje rector de las estrategias para avanzar en la transformación de México sobre bases sólidas, realistas y sobre todo responsables, destaca la importancia y el beneficio que representa para la sociedad, la búsqueda de que el uso de los recursos en todos los órdenes de gobierno se realice con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, con lo cual se incentivará el desarrollo económico y se contribuirá a mejorar la distribución del ingreso.
En este sentido, el rediseño y consolidación del sistema de contrataciones públicas, tiene como beneficiario final el propio sector público y en consecuencia la población en general, así como la eficiencia de los procedimientos de compra del Estado.
Con la instrumentación de las estrategias de contratación (contratos marco, ofertas subsecuentes de descuento y contrataciones consolidadas), la ciudadanía es el principal benefactor, tanto proveedores y contratistas, como la administración pública federal y los ciudadanos en general, debido a los beneficios generados, mismos que han logrado reducción en los costos de transacción, disminución de los tiempos de contratación hasta en un 95%, incremento de la transparencia y la competencia, así como mayor eficiencia en los procedimientos.
Cuantitativamente del segundo trimestre de 2009, al primer trimestre de 2011, las estrategias de contratación en suma han generado ahorros económicos por alrededor de $3’500 millones de pesos.
Ante la antigua rigidez del sistema hacía que la demanda del gobierno fuese inelástica y en muchas ocasiones le obligaba a realizar compras cuyos mercados no respondían a principios de racionalidad económica o de competencia, reduciendo con esto su poder de compra, o en otros casos, obligándole a realizar compras que ya no formaban parte de las prioridades gubernamentales, motivo por el cual, hoy en día se cuenta con un procedimiento lo suficientemente ágil, que garantiza la efectividad de los requerimientos de compra del Estado.
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