Durante su campaña política, el actual Gobernador del Estado recogió una preocupación ciudadana con respecto a la mala imagen de los servicios de la Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial, la cual no cumplía con las expectativas de la población colimense en cuanto a los servicios de movimientos vehiculares como el emplacamiento y la atención de los servidores públicos. Las acciones de mejora se dieron en el marco del programa “100 días, 100 beneficios para todos”.
En el pasado inmediato, los servicios y trámites que ofrecía la Dirección General del Transporte repercutían negativamente en su imagen, pues en opinión de la mayoría de la población resultaban de pésima calidad. Esa oficina estaba catalogada entre las de peor percepción en encuestas realizadas por el Gobierno del Estado, resultando las variables de tiempo, atención, transparencia y corrupción, como las mas negativas para esta dirección.
La gente que acudía a la oficina de la Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial, sabía, que iniciar el trámite de emplacamiento de un vehículo, representaba un vía crucis, que por diferentes circunstancias, se realizaba en la mayoría de los casos e tres días, debido a los complicados pasos del proceso del movimiento vehicular.
Conseguir una ficha para iniciar un procedimiento significaba pagar en el mercado clandestino la cantidad de $200 pesos por la misma o llegar a las 6 de la mañana, y en caso de no conseguirla, regresar al día siguiente. Una vez obtenida la ficha, el ciudadano se sometía un proceso engorroso, problemático, cansado, con malos tratos y cargado de favoritismos y corrupción.
El proceso que duraba días, iniciaba con la revisión física vehicular en el departamento de peritos; continuaba con el acomodo y revisión de documentos, después obtener la liquidación o costo del movimiento a efectuar, luego la auditoria de documentos para comprobar la veracidad o autenticidad de los mismos, seguido de la compulsa de facturas, luego el pago en caja y finalmente la entrega del producto, siete pasos que por su complejidad, la gente prefería no realizarlos personalmente, por lo que contrataba un gestor que mediante un pago acordado, realizaba dichos trámites.
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