La Agencia Tributaria tiene encomendada la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero en España, así como de aquellos recursos de otras Administraciones Públicas nacionales o de la UE cuya gestión se le encomiende.
Para el cumplimiento de sus objetivos lleva a cabo dos tipos de actuación: por un lado, la prestación de servicios de información y asistencia al contribuyente, tratando de minimizar los costes indirectos que supone el cumplimiento de las obligaciones y, por otro, la persecución de los incumplimientos tributarios, mediante actuaciones de control.
La agencia siempre ha apostado por la tecnología como medio de lograr esta discriminación positiva entre asistencia y control. En 1998 fue la primera administración tributaria del mundo que implantó un sistema de presentación electrónico obligatorio para las grandes empresas. Desde entonces las declaraciones por internet han seguido creciendo hasta alcanzar más del 70% de todas las presentaciones que se realizan ante la administración tributaria.
Con la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en España se ha garantizado que la relación electrónica no es una posibilidad que tienen las administraciones públicas para aumentar su eficiencia, sino un derecho básico del ciudadano y la empresa y una obligación para la administración. El desarrollo de la Ley 11/2007 ganó un premio de UN en 2012.
Sin embargo, la Agencia no está satisfecha por tener desarrollados más de 2000 procedimientos y servicios electrónicos de todo tipo, sino que su objetivo es utilizar internet como medio fundamental de relación con los contribuyentes a medio plazo. Para ello ha desarrollado desde 2010 una estrategia global para incrementar el uso de la relación electrónica, ayudando a aquellos contribuyentes que no pueden o no saben utilizar internet (una parte de las personas físicas), por un lado, y obligando en aquellos casos en que el contribuyente (las empresas) si pueden y saben.
En el caso de las empresas, que ya tenían la obligación de realizar por internet la mayor parte de sus declaraciones, se ha perseguido la desmaterialización completa del procedimiento, cerrando el círculo de relación electrónica, desarrollando e implantando un procedimiento de notificación electrónica basado en firma electrónica que ya es obligatorio para más de 1,4 millones de empresas.
En el caso de las personas físicas, simplificando y facilitando la posibilidad de presentar por internet, especialmente la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto global que han de declarar en España unos 25 millones de personas.
El impulso de la relación electrónica permite además, mejorar la formación tecnológica de ciudadanos y empresas, lo que aumenta la productividad y competitividad de nuestro país, que es esencial para ayudar a combatir la crisis económica en que nos encontramos.
Por último, la relación electrónica permite desarrollar una administración pública más transparente y sostenible desde los puntos de vista económico, social y medioambiental: es más eficiente, reduce cargas administrativas a los ciudadanos, disminuye los tiempos de tramitación y ayuda a combatir el fraude y, por lo tanto, aumenta la recaudación.
|