| 4. In which ways is the initiative creative and innovative?
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La misión de la Contraloría General de la República es vigilar la gestión, los resultados y el manejo de los recursos públicos. Por eso ejerce control a la gestión fiscal de entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la violencia ocasionada por el conflicto armado interno. En esta actividad es primordial la participación ciudadana puesto que refuerza la vigilancia de la gestión pública y desencadena resultados positivos.
El control fiscal unido al social constituye una estrategia esencial para responder en tiempo real y con calidad a las demandas de la ciudadanía. Así lo ha entendido la Contraloría y por eso dirigió esfuerzos para obtener una real y efectiva participación ciudadana en la vigilancia de lo público; en 2000, creó la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.
En 2004, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T–025, declara la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada. La institucionalidad colombiana tenía el deber de implementar de manera efectiva la política pública formulada en 1997, mediante la Ley 387 y sus Decretos Reglamentarios 173 de 1998, 2569 de 2000 y el 2007 del año 2001. La Honorable Corte identificó en la citada Sentencia, que los problemas más álgidos para encarar la situación de desplazamiento en el país, eran la precariedad de la capacidad institucional para implementar una política efectiva de superación de esta situación y los insuficientes recursos asignados para tal fin.
En septiembre de 2007, la Contraloría firmó la primera Carta de Entendimiento con la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas – ACNUR- con el propósito de coordinar acciones para fortalecer el ejercicio del control y vigilancia sobre la gestión fiscal y los resultados de la ejecución de la política pública de atención integral a población desplazada.
En 2008, a través de la circular 030, la Contraloría priorizó el seguimiento a esta política pública entre sus actividades de control. Se creó el grupo de Fortalecimiento en Control Fiscal Participativo a Organizaciones de Población en Situación de Desplazamiento, para involucrar a esta población y a sus organizaciones en el Control Social a la gestión pública de la política de desplazamiento, con el fin de construir de manera participativa, rutas que permitan incidir en la política pública, posibilitar una adecuada coordinación entre Nación – Territorio y secundar la garantía de los derechos. En agosto de 2010 y en 2012 la CGR y ACNUR, renovaron la Carta de Entendimiento por dos años más.
En 2011 se expidió la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que organizó los componentes de asistencia, atención, reparación, verdad y justicia para la población víctima del conflicto. Esta es población que ha sufrido daño como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones graves a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. La Ley dispuso la conformación de una comisión de seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de las medidas contenidas en la Ley, en la que la Contraloría debe participar. Con ese propósito se creó el Grupo de seguimiento que permitió ampliar la gestión del Programa de Fortalecimiento en Control Fiscal Participativo. Se incluyó Auditoría transversal; seguimiento a restitución de tierras y los informes a la Corte Constitucional y al Congreso de la República
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| 5. Who implemented the initiative and what is the size of the population affected by this initiative?
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El control fiscal con participación de víctimas, inicia con una sensibilización y capacitación a los actores inmersos en este proceso, como autoridades locales (Alcaldías, Personerías, Enlaces de Víctimas), regionales (Gobernaciones Departamentales, Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo) nacionales (Ministerios, Departamentos y Direcciones, reguladores de las políticas públicas a población víctima), organismos internacionales Naciones Unidas, Consejo Noruego para Refugiados y Organización de Estados Americanos) y organizaciones de población víctima (Mesas de Víctimas municipales, departamentales y nacional); lo mismo que la identificación del impacto real sobre la implementación de las políticas públicas puestas en marcha por estas instituciones, que como fin el cumplimiento del objetivo central de la Sentencia T- 025 y el cumplimiento de la Ley de Víctimas.
El 1 de enero de 2012, entró en vigencia la Ley 1448 de 2011, se crea el Grupo de seguimiento a las políticas públicas y a los recursos aplicados a la lucha contra la pobreza, trabajando mancomunadamente funcionarios públicos y consultores, para ejecutar el seguimiento a la Ley, como esta lo exige; realizar una Auditoría transversal a la política pública de desplazamiento; hacerle seguimiento a la restitución de tierras; realizar los informes exigidos por la Corte Constitucional y el Congreso de la República; llevar a cabo un estudio sobre vulnerabilidad en Colombia; y el grupo de fortalecimiento a población víctima y en situación de desplazamiento.
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| 6. How was the strategy implemented and what resources were mobilized?
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Los recursos utilizados en el programa, por parte de la Contraloría General de la República, son parte de su presupuesto y están dentro del Presupuesto General de la Nación –PGN-. Es decir son recursos financiados globalmente con ingresos tributarios, de tesorería y de endeudamiento, incluidos en el PGN. Así, el proyecto usa recursos de funcionamiento de la entidad, con los que se cubre la nómina de cerca de 15 funcionarios de planta que trabajan con dedicación completa y los gastos generales (equipos de cómputo, impresiones, cafetería, espacio físico, etc.).
Adicionalmente, dentro de los recursos de inversión asignados a la entidad se encuentran los del proyecto “Desarrollo Institucional de la CGR para un control Fiscal Oportuno y Eficiente Nacional” que contó en la vigencia 2013 con $ 13.739.250.667, de los cuales el 26%, es decir, $ 3.539.495.572 se destinaron a desarrollar actividades asociadas al seguimiento de la ley de víctimas. Con dichos recursos se financió una Encuesta a nivel nacional para evaluar el impacto de la política cuyo costo ascendió a $ 2.174.426.575 y los recursos restantes se destinaron a la contratación de personal (41 personas) para desarrollar las actividades de seguimiento en asistencia y atención, sistemas de información, participación, grupos poblacionales étnicos, restitución de tierras, indemnización administrativa, entre otros.
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| 7. Who were the stakeholders involved in the design of the initiative and in its implementation?
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Gracias a este Programa se logra: la difusión de la labor misional de la Contraloría General de la República; el fortalecimiento de los lazos de confianza con la Población Víctima y en Situación de Desplazamiento; se conecta el nivel central de las instituciones a nivel nacional, con el territorio – de manera directa –;se logra la superación de problemas operativos y administrativos, que no permiten la eficaz superación de la situación de desplazamiento; conocimiento de la ruta del componente socio- económico de la política de desplazamiento; y la directa injerencia en el diseño, la implementación, el monitoreo y el seguimiento de las políticas públicas encaminadas a la población víctima, a través de un trabajo mancomunado con la Corte Constitucional, el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Agricultura, el INCODER, el Ministerio de Vivienda; FONVIVIENDA; el Ministerio del Interior. Así mismo, Auditorías transversales a las instituciones que ejecutan dineros nacionales, destinados a superar la situación de desplazamiento.
Adicionalmente, en el marco del grupo de seguimiento a víctimas, se logra consolidar una estrategia de seguimiento a todos los programas gubernamentales sobre atención y reparación integral a víctimas y restitución de tierras despojadas por la violencia que da como resultado informes periódicos de control fiscal a la Corte Constitucional, al Congreso General de la República y a las entidades del gobierno que tienen a cargo la puesta en marcha de la política pública. Estos informes son presentados en mesas públicas a la población interesada.
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| 8. What were the most successful outputs and why was the initiative effective?
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El fortalecimiento a organizaciones de población víctima y en situación de desplazamiento, se realiza mediante una metodología, compuesta por varias instancias: el pedido de información a entidades territoriales del nivel municipal y departamental frente al componente socio-económico de la política pública para esta población; visitas de sensibilización y socialización a las Gerencias Departamentales de la CGR, Autoridades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas-SNARIV- y Organizaciones de Víctimas del territorio en el cual se va a dar inicio al Programa; diferentes Talleres de Cartografía Social dirigidos a líderes de organizaciones de población víctima y en situación de desplazamiento, son tres días en los que la Contraloría y ciudadanos líderes, entablan lazos de confianza, los capacita en Participación Ciudadana y esa ciudadanía prioriza autónomamente su principal problema de política pública (tierras-vivienda- Generación de Ingreso-Participación efectiva). La CGR se compromete llevar a la región las Autoridades Nacionales responsables del problema priorizado y la Población, junto con ACNUR o Consejo Noruego para Refugiados, de realizar un documento técnico, que contiene un diagnóstico de la situación actual y real de ese problema; unas Mesas Interinstitucionales, en las cuales la CGR lleva a las Autoridades Nacionales y Regionales, responsables del problema priorizado, para que expongan la oferta institucional, las Administraciones Municipales para que describan las acciones adelantadas y los problemas para su efectiva ejecución, la Población víctima y desplazada, expone el diagnóstico previamente realizado con ACNUR, del tema priorizado -se concluyen unos compromisos, entre población víctima desplazada y las entidades asistentes-; y por último, la realización de Audiencias Públicas de seguimiento y rendición de cuentas, en las cuales se evalúa el cumplimiento de los compromisos adquiridos, la ejecución de las políticas públicas y las acciones adelantadas para superar la condición de víctima y situación de desplazamiento.
Estos ejercicios son verdaderos espacios formales de participación efectiva donde la Población Víctima del Conflicto Armado logra empoderarse de unos espacios de participación técnicos, logrando la coordinación entre las instituciones locales, regionales, nacionales y la coordinación interinstitucional, lo cual se plasma en compromisos entre la ciudadanía y las instituciones, a los cuales la CGR realiza un seguimiento eficaz y constante; dichos compromisos son expuestos en Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, convocadas y organizadas por la CGR, en las cuales se expone el cumplimiento de las instituciones, frente a los ciudadanos, con el fin de superar los problemas de política pública, planteados por dichas víctimas.
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| 9. What were the main obstacles encountered and how were they overcome?
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Uno de los principales obstáculos encontrados consistió en garantizar el seguimiento a los compromisos adquiridos por los entes gubernamentales, durante las Mesas Interinstitucionales, con la población víctima, debido a la falta de funcionarios que se dedicaran única y exclusivamente a realizar estas indagaciones. Este obstáculo ha sido superado gracias a la contratación de administradores públicos y politólogos encargados, en conjunto con las población víctima, de realizar el seguimiento a los compromisos de la institucionalidad con esta población, por medio de visitas de averiguación, exploración e indagación; pedidos de información institucional referente al presupuesto asignado para la población víctima y su ejecución; y la realización de Mesas de Trabajo Técnicas, en las que, de manera específica, son tratados los obstáculos que han torpedeado la eficiente ejecución de las políticas públicas y sus recursos, desde el ámbito local, regional y nacional.
También puede anotarse la resistencia institucional derivada de su rigidez tradicional, al tener separado el control fiscal macro y micro, superado a través de la metodología y diseño de grupos específicos de trabajo. Lo anterior, sumado a la resistencia de las entidades sujetos de control, situación superada a través de las mesas técnicas de trabajo.
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