Aumentando la confianza de los ciudadanos en el Estado
Departamento Administrativo de la Función Pública

A. Problem Analysis

 1. What was the problem before the implementation of the initiative?
Problema central: En la agenda pública nacional no se consideraba necesario formular e implementar las diferentes políticas de manera integral, lo cual dificultaba las relaciones del ciudadano con el Estado. Desde el Gobierno Nacional, no había una orientación clara del grado de complementariedad de las diferentes políticas, con lo cual los impactos sobre la sociedad resultaban fragmentados y parciales. Así, la participación ciudadana, la prestación de trámites y servicios o el acceso a la información pública, resultaban marginados u omitidos en las agendas públicas, dificultando el relacionamiento de los ciudadanos con sus instituciones y generando desconfianza. La desconfianza de los ciudadanos en el Estado y en sus miembros, ha sido una constante desde el proceso de consolidación de las democracias; en algunos países con más fuerza que en otros, pero siempre una de las razones de deslegitimación de las instituciones. No obstante a concebirse como un fenómeno recurrente, sólo hasta las últimas décadas el tema ha empezado a ser objeto de medición y seguimiento por parte de los gobiernos y de instancias independientes que han apostado a preguntarles a los ciudadanos qué tanto confían en sus instituciones. Según las cifras más recientes del Latinobarómetro, en los últimos 20 años la desconfianza en las instituciones de la democracia (Gobierno, Congreso, Poder Judicial y Partidos políticos), ha oscilado entre el 13% y el 45%. Por su parte, la confianza interpersonal revela que ocho de cada diez ciudadanos no confían en el “otro”. Colombia no ha sido ajena a dicho fenómeno, históricamente diversos actores e instituciones estatales han sido percibidos de manera negativa por los ciudadanos, quienes en algunas regiones del país, producto del conflicto interno, no han logrado identificar la institucionalidad del Estado con la prestación de trámites, servicios o la garantía de derechos, situación que se suma a una débil presencia e incidencia de los ciudadanos en los espacios de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones de la gestión pública. Este panorama evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de la administración pública tendientes a mejorar la relación del Estado con el ciudadano mediante la promoción de la transparencia, el acceso a información, trámites, servicios y espacios de participación acordes a las necesidades de la sociedad, de tal suerte que se promuevan transformaciones que permitan elevar el nivel de empoderamiento de la ciudadanía en pro de la generación de una cultura de la participación ciudadana en la gestión pública. La Función Pública, a través de la estrategia Estado-Ciudadano, priorizó diversos temas en la agenda pública nacional, sin embargo, para consolidar una síntesis la presente postulación hará énfasis en: a) el fortalecimiento de la rendición de cuentas en el marco de la participación ciudadana, b) la racionalización de trámites, c) la transparencia y d) el acceso a la información pública.

B. Strategic Approach

 2. What was the solution?
La Función Pública promovió, en la agenda pública nacional, las políticas tendientes a mejorar la relación del Estado con el ciudadano, así: Formuló y coordinó el trabajo interinstitucional del Estado colombiano para garantizar la participación ciudadana corresponsable y la probidad en el ejercicio del servicio público. Fortaleció los espacios de participación ciudadana, con el fin de garantizar el acceso a la información pública, a través del desarrollo de nuevas metodologías que empoderaron a los ciudadanos y las organizaciones sociales. Impulsó la racionalización de los trámites y servicios que deben adelantar los ciudadanos ante todas las entidades del Estado, mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas que disminuyeron tiempos y costos tanto para el Estado como para los ciudadanos.

 3. How did the initiative solve the problem and improve people’s lives?
La estrategia desarrollada por Función Pública presenta tres momentos que se dimensionan en diferentes etapas históricas de su implementación: a) puesta en marcha de la política que busca consolidar el tema en la agenda pública nacional, b) consolidación en la agenda pública a través de la expedición de leyes estatutarias que garantizan la lucha contra la corrupción (Ley 1474 de 2011 que estable el Estatuto Anticorrupción, Ley 1712 de 2014 sobre el derecho fundamental de acceso a la información y la Ley 1757 de 2015 sobre el derecho fundamental a la participación ciudadana), c) fortalecimiento y extensión en la aplicación de las políticas. a) Puesta en marcha. En ese orden de ideas, en 2010 la iniciativa de rendición de cuentas se fortaleció en un documento de política pública aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). Allí se presentan lineamientos de política para consolidar la rendición de cuentas como un proceso permanente. b) Consolidación en la agenda pública. Posteriormente, gracias a la visibilidad de dicha política en la agenda del país, la Función Pública desarrolló los lineamientos de rendición de cuentas que progresivamente las entidades de la administración pública consignaron estratégicamente en sus respectivos Planes Anticorrupción y de Atención al ciudadano en el marco del Estatuto Anticorrupción. A partir de los desarrollos conceptuales y metodológicos de la Función Pública (Manual Único de Rendición de Cuentas), así como de incentivos (Premio Nacional de Rendición de Cuentas), se logró que las entidades nacionales institucionalicen la rendición de cuentas como un proceso permanente y propio del servicio público. Además, a través de la formación de ciudadanos en control social, se ha consolidado una base social participante, que se materializó en las veedurías ciudadanas, las cuales se han convertido en un mecanismo de participación que ayuda tanto a orientar, corregir y rectificar las decisiones, como a administrar de manera más eficiente los recursos, contribuyendo al cumplimiento de los fines sociales del Estado. La política de racionalización de trámites, transparencia y acceso a la información pública, que tuvo su origen en la primera ley antitrámites (Ley 962 de 2005), evolucionó y se integró a un documento de política de eficiencia administrativa, para mejorar la efectividad y la eficiencia de las entidades en materia de calidad frente a los requerimientos de los ciudadanos. c) Fortalecimiento y extensión en la aplicación de las políticas. Gracias a la visibilidad de los temas, se impulsó una legislación encaminada a la garantía y promoción de los derechos humanos a través de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). Finalmente, estas políticas se ven materializadas en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), que es administrado por la Función Pública y que le permite a la ciudadanía consultar, en tiempo real, la información de todos los trámites existentes en las entidades públicas del Estado colombiano. Además de las bondades para los ciudadanos frente a la administración pública, el SUIT le permite a los servidores de las diferentes entidades concretar su estrategia de racionalización de trámites en línea, la cual tiene como propósito mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante la reducción de costos y tiempos.

C. Execution and Implementation

 4. In which ways is the initiative creative and innovative?
La consolidación de la estrategia Estado-Ciudadano es innovadora porque: a) Se estableció como un proceso de diálogo permanente con la ciudadanía al interior de las entidades públicas, lo que exige una transformación de la arquitectura institucional del Estado y una orientación de los procesos en torno a mejorar la relación de la institucionalidad con los ciudadanos. b) Se acompaña de constantes esfuerzos de transformación cultural al interior del Estado, promoviendo la integridad y la apertura al diálogo de los servidores públicos. c) Se implementó el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), como herramienta tecnológica de acceso a la información, para fortalecer los trámites que presentan mayor dificultad para la ciudadanía, ya bien sea en materia de acceso, costo o tiempos. De igual forma, es importante destacar otros elementos que permiten evidenciar innovaciones en política (como producto, proceso y estructura) en diferentes componentes de la estrategia: – Se incorporaron los principios del Gobierno Abierto para mejorar el acceso a datos públicos y la interoperabilidad de los sistemas de información, que redundan en una mejor gestión de los trámites del Estado. – Se construyeron espacios de participación que permiten a las entidades conocer observaciones y sugerencias de la ciudadanía para la priorización de acciones de mejora en los trámites. - Se construyó una cultura de la rendición de cuentas fundamentada en el diálogo, donde servidores públicos y ciudadanos conocen sus derechos y deberes. Esto permitió consolidar una relación constructiva y transparente que redunda en una mejor gestión pública y una democracia de calidad. - Se fortaleció el diálogo con los ciudadanos y con las organizaciones sociales a través de la diversificación de los espacios de diálogo (promoviendo la elaboración de ferias ciudadanas, festivales, mesas conversacionales, etc.) y de mecanismos de comunicación (medios virtuales y presenciales). - Se institucionalizó el Día Nacional de Rendición de Cuentas, como un espacio para el intercambio de experiencias y para destacar (a través de un concurso) la innovación. En su última versión (2016), se premió la idea más innovadora con relación a ejercicios de rendición de cuentas enmarcados en la construcción de paz en el país. - Se implementó y consolidó el Espacio Virtual de Asesoría de la Función Pública (EVA), como la gran plataforma nacional para el diálogo con los ciudadanos, servidores públicos y demás grupos de interés. En último año, EVA recibió un poco más de 1 millón de visitas. - A través de EVA, se diseñaron herramientas digitales como el curso virtual para veedurías ciudadanas, el cual brinda elementos a los ciudadanos interesados de todo el país para la apropiación de criterios e indicadores de evaluación de la gestión pública bajo un Enfoque de Derechos Humanos. - Se impulsó la crearon nuevas veedurías ciudadanas por todo el territorio nacional. - Función Pública impulsó ante el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo la expedición de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto mediante la cual se desarrollan los principios orientadores para generar políticas públicas regionales sobre transparencia, participación y colaboración, al interior de sus 22 países miembros.

 5. Who implemented the initiative and what is the size of the population affected by this initiative?
La iniciativa viene siendo implementada y administrada por la Función Pública que es la entidad técnica, estratégica y transversal del Gobierno Nacional de Colombia, encargada de contribuir al bienestar de los colombianos mediante el mejoramiento continuo de la gestión de los servidores públicos y las instituciones en todo el territorio nacional. La Función Pública tiene como misión fortalecer la gestión de las entidades públicas nacionales y territoriales, mejorar el desempeño de los servidores públicos al servicio del Estado, contribuir al cumplimiento de los compromisos del gobierno con el ciudadano y aumentar la confianza en la administración pública y en sus servidores. Como parte del desarrollo de la iniciativa, y con el objetivo de integrar y continuar institucionalizando en la agenda pública las políticas avocadas a mejorar la relación del ciudadano con el Estado, se creó al interior de Función Pública la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano cuyo propósito principal es proponer, diseñar, ejecutar y evaluar la política de participación ciudadana, de rendición de cuentas, transparencia en la gestión pública y servicio al ciudadano, en los temas de su competencia y en coordinación con las demás entidades que cumplen funciones en estas materias. Población beneficiaria de la iniciativa. Teniendo en cuenta que tanto el acceso a trámites y servicios administrativos, así como los espacios de participación ciudadana son habilitados por el conjunto de la institucionalidad del Estado colombiano, el potencial de beneficiados son todos los ciudadanos que se relacionan con el Estado y la totalidad de las entidades de la administración pública (nacional y territorial) las cuales, mediante la obligatoriedad de la elaboración el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deben incluir en sus planes de acción anual labores relacionadas con la implementación de las relativas a promover entidades transparentes, incluyentes y que promueve la participación.
 6. How was the strategy implemented and what resources were mobilized?
La estrategia para mejorar la relación Estado-Ciudadano está compuesta por tres elementos interconectados y que se pueden imaginar cómo puntas de un triángulo. La punta superior, hace referencia a la Administración Pública eficiente, transparente, incluyente y que promueve la participación. La punta inferior izquierda representa a los servidores públicos comprometidos y probos. La punta opuesta representa a los ciudadanos participativos y corresponsables. El plan de acción para consolidar la estrategia, se describe como un proceso que inicia con el diseño e implementación de documentos de política pública que, gracias al posicionamiento logrado en la agenda pública nacional, se convierten en leyes o leyes estatutarias que buscan garantizar y promover el acceso a los derechos humanos. A continuación, se describe la cronología que explica el proceso anteriormente mencionado, el cual se complementa con asesorías de la Función Pública a las entidades del orden nacional y territorial: Expedición de normas: • Política Pública para la Rendición de Cuentas, aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes 3654 de 2010). • Política Pública para la Eficiencia Administrativa, aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes 3785 de 2013). • Política Pública Integral Anticorrupción, aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes 167 de 2013). • Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional –Ley 1712 de 2014–, la cual tiene por objeto “regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.” • Ley 1757 de 2015, estatuto de la participación ciudadana, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Asesorías y acompañamiento a entidades del nivel nacional y territorial: • La Función Pública adelantó en 2015, un proceso de reestructuración interna, orientado crear un área dedicada exclusivamente al diseño e implementación de políticas que mejoren los espacios de participación ciudadana en la gestión, transparencia, integridad y mejora de trámites y servicios para el ciudadano. Luego de un año de planeación e identificación de competencias y análisis de necesidades se creó la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano. • Se adelantaron jornadas de sensibilización, capacitación y asesoría, a partir de las cuales se fortaleció a las entidades públicas tanto del nivel nacional como territorial en materia de implementación de las políticas lideradas por Función Pública. En el 2016 se brindó fortalecimiento institucional en materia de participación ciudadana en la gestión pública, transparencia, acceso a la información y racionalización de trámites a 506 entidades nacionales y territoriales. • Se entregan herramientas metodológicas a las entidades públicas, acompañadas de la asesoría en materia de planeación, ejecución y evaluación en su implementación a través del Formulario Único de Reporte de Avances en la Gestión (FURAG) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. • Se capacita, de manera permanente, a los multiplicadores en control social por todo el país, en el marco de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas. Vale destacar que la iniciativa se ha financiado con recursos del Banco de Programas y Proyectos de Inversión (BPIN), que está orientado a consolidar una cultura nacional de proyectos, el cual liga la planeación, la programación y el seguimiento de programas y proyectos de inversión pública, por medio de sus componentes y funciones.

 7. Who were the stakeholders involved in the design of the initiative and in its implementation?
El liderazgo de la estrategia ha sido ejercido por la Función Pública, en coordinación con varias instituciones públicas, agrupadas en dos instancias principales: • Grupo de Automatización y Racionalización de Trámites (GRAT), instancia consultiva del Gobierno Nacional (creado por el Decreto 4669 de 2005) conformado por delegados de alto nivel de la Presidencia y Vicepresidencia de la República, Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación, Gobierno en Línea del Ministerio de las TIC y la Función Pública. • Red Institucional de Apoyo a las Veedurías que (según la Ley 850 de 2003) está conformada por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Republica, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y la Función Pública. De forma complementaria, y en el marco de las acciones que efectúa la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías, también se cuentan como actores involucrados a cerca de 5.580 ciudadanos formados como multiplicadores en control social, así como los servidores públicos capacitados para reconocer y activar espacios de participación, transparencia y servicio en sus entidades.

 8. What were the most successful outputs and why was the initiative effective?
Posicionar en la agenda pública el fortalecimiento de la relación Estado-Ciudadano, para generar confianza de los ciudadanos a través de la articulación de nuevos procesos en la administración pública, integrando las políticas tendientes a mejorar dicha relación. Materializar esta nueva agenda pública en leyes estatuarias que garantizan la promoción y el acceso a los Derecho Humanos, lo cual está directamente relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 16, ya que un Estado Social de Derecho es aquel que promueve el desarrollo sostenible de las sociedades, mediante la creación instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. Se formaron cerca de 5.580 ciudadanos como multiplicadores en control social en todo el territorio nacional, para garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles. Se logró que el 99,2% de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional cumpliera con la publicación de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se racionalizaron cerca de 350 trámites a nivel nacional y territorial, lo cual ha generado un ahorro para el Estado colombiano estimado en USD 3,14 millones y ahorros en tiempo y dinero para los ciudadanos. Esto da una clara idea de la efectividad de la estrategia y de las iniciativas que la componen. Además, vale resaltar la Automatización del Certificado de Inclusión en el Registro de Víctimas como un gran logro, dado que el país cuenta con cerca de 8,5 millones de víctimas del conflicto armado que esperan un mejor trato del Estado, de cara a lo que significa el nuevo escenario de paz. En 2016, las mejoras le han ahorrado en costos a las víctimas del conflicto armado colombiano un total de USD 10.200 al año (USD 286 por víctima) y 30 días en tiempo, pues ahora el certificado se expide en tiempo real. De forma complementaria, y como herramienta que se ha destacado por su replicabilidad a nivel internacional, se destaca el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), que brinda información sobre los procedimientos que debe seguir un ciudadano para acceder a un trámite, al igual que el costo fijado por las entidades. A la fecha, se encuentran disponibles un total de 40.844 registros de trámites en el SUIT para ser consultados y cuyos valores deben ser respetados por las entidades al momento de efectuar el cobro. La complementariedad de éstos dos resultados le apuntan a alcanzar la meta 10 del objetivo 16: “Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”.

 9. What were the main obstacles encountered and how were they overcome?
En la implementación de la estrategia Estado-Ciudadano, liderada por Función Pública, los principales obstáculos están relacionados con las resistencias culturales al cambio y a la dificultad para transformar los prejuicios y prácticas sociales tendientes a reafirmar los imaginarios que dificultan la relación de los ciudadanos con el Estado. Se presentan juicios errados como: “los servidores públicos no son íntegros”; “la participación ciudadana no sirve para nada”; “la participación ciudadana es muy costosa; “se requiere de conocimientos técnicos para poder participar”. Es a través de las orientaciones de política desarrolladas por la Función Pública, que se ha generado un compromiso, cada vez mayor, de las entidades públicas para transformar culturalmente el servicio público, fortaleciendo la arquitectura institucional, al igual que los procesos, espacios y dinámicas que mejoran la relación Estado-Ciudadano. De la misma forma, para superar las barreras propias de un proceso de cambio, los esfuerzos se han concentrado en garantizar la participación ciudadana en relación con la identificación de necesidades, formulación de planes, programas y proyectos, a la vez que se promueve el control social. Finalmente, una parte fundamental de la transformación cultural consiste en sensibilizar y capacitar a los servidores públicos para garantizar la integridad en el ejercicio de sus labores. Esto, con la intención de asegurar servicios de excelencia al ciudadano, al igual que una apertura constante al diálogo.

D. Impact and Sustainability

 10. What were the key benefits resulting from this initiative?
Mejores espacios de participación ciudadana para la rendición de cuentas y el control social. Esto, ha mejorado la forma como se diseñan, ejecutan y evalúan las diferentes políticas desarrolladas por las entidades de la administración pública en todos sus niveles. Mayor incidencia de la ciudadanía en el desarrollo de diagnósticos participativos y la configuración de agendas públicas tendientes a satisfacer las necesidades y requerimientos más urgentes que son identificados desde la propia comunidad. Lo anterior supone un mayor alcance en la garantía del derecho fundamental a la participación ciudadana y demás derechos consagrados en la Constitución Colombiana y la normatividad existente. Información de calidad, en lenguaje claro y de fácil consulta para la ciudadanía. Son cada vez más las entidades que registran su información en los sistemas del Estado, facilitando que la ciudadanía conozca los pasos, procedimientos, costos y tiempos con relación al acceso de trámites y servicios públicos. De igual forma, al existir mayores espacios de participación fomentados por las entidades y mayor acceso a la información, se generan dinámicas de cocreación de soluciones a problemas propios de la gestión pública. Racionalización de trámites que se traduce en reducción de tiempos y costos en el relacionamiento del ciudadano con el Estado. Un ejemplo claro es la forma como, en concordancia con los esfuerzos de construcción de paz, las víctimas del conflicto armado se han visto beneficiadas en varios trámites que deben surtir para tener acceso a los servicios del programa de reparación integral que adelanta el Gobierno Nacional en todo el país. Es necesario resaltar que, con el mejoramiento de un trámite, las entidades también están ahorrando en términos de recursos financieros y tiempo, dado que la mejora impacta los procesos internos de estas.

 11. Did the initiative improve integrity and/or accountability in public service? (If applicable)
La implementación de la política de rendición de cuentas, a partir de los desarrollos conceptuales y metodológicos de la Función Pública, sin lugar a dudas, ha permitido que las entidades nacionales la institucionalicen como parte de su quehacer cotidiano, como un proceso permanente propio del servicio público. Es decir, no solamente es responsabilidad de las instituciones rendir cuentas en su nivel de representación, sino también, cada uno de los servidores públicos, en un marco de integridad, debe estar abierto a los ejercicios propios de la rendición de cuentas a la ciudadanía a partir de una consciencia del sentido y relevancia de su trabajo, en torno a la construcción de lo público. Para lo anterior, se han desplegado desde Función Pública campañas pedagógicas de cambio cultural, tendientes a reafirmar el rol de los servidores públicos en la consecución de los fines esenciales del Estado. Es así como los resultados del Formulario Único de Reporte de Avances en la Gestión (FURAG), muestran un progreso que pasó del 60% en 2014 a 73,3% en la vigencia 2015 y se espera, para la medición del año 2016 que está en curso, un aumento al 80%, como mínimo, en el cumplimiento de la implementación de la política. En cuanto a la calidad de los espacios de diálogo, a través de los cuales las entidades rinden cuentas, se ha logrado una transformación profunda, pues son cada vez más las entidades que atienden y adaptan cada espacio de acuerdo a las características de la población interesada en los resultados y la garantía de derechos propios de la gestión institucional. De forma complementaria, y teniendo en cuenta que la rendición de cuentas exige un diálogo de doble vía, en el cual se garantice el acceso a la información pública así como el fortalecimiento de la capacidad para la participación, la iniciativa también ha propendido por mejorar las capacidades de los ciudadanos con el fin de consolidar el impacto de la participación al interior de la gestión de las instituciones públicas. Esto, ha contribuido a fomentar el acceso a la información y la transparencia de las entidades públicas.

 12. Were special measures put in place to ensure that the initiative benefits women and girls and improves the situation of the poorest and most vulnerable? (If applicable)
La Función Pública ha dado orientaciones para que la política de rendición de cuentas en el país incorpore un enfoque diferencial y un enfoque basado en derechos humanos. Permitiendo de esta manera focalizar los esfuerzos para promover la participación de las personas beneficiadas e interesadas en asuntos de planes, programas y proyectos de mayor impacto social. De la misma forma, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, las iniciativas de la Función Pública contemplan la racionalización de trámites y la apertura de espacios de participación ciudadana para garantizar que la priorización de beneficiados responda a la población rural que ha sido víctima del conflicto armado durante las últimas cinco décadas. En ese escenario, las asociaciones de víctimas, las mujeres rurales, las mujeres cabeza de familia y la población desplazada -en su mayoría mujeres-, son beneficiarias principales de los esfuerzos de la estrategia Estado-Ciudadano, donde iniciativas como la automatización del Certificado de Inclusión en el Registro de Víctimas redundan en una mejor situación para la población vulnerable.

Contact Information

Institution Name:   Departamento Administrativo de la Función Pública
Institution Type:   Ministry  
Contact Person:   Juliana Torres
Title:   Sra.  
Telephone/ Fax:   +57 7395656
Institution's / Project's Website:  
E-mail:   jutorres@funcionpublica.gov.co  
Address:   Carrera 6 # 12 - 62
Postal Code:   111711
City:   Bogotá
State/Province:   Bogotá D.C.
Country:  

          Go Back

Print friendly Page
video porno.. brasileiros xxx xhamster