4. In which ways is the initiative creative and innovative?
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El registro y publicación de información sobre audiencias, viajes y reuniones, de los sujetos pasivos, pertenecientes a diferentes servicios públicos, se realiza a través de una plataforma (Plataforma Ley del Lobby) que constituye un sistema centralizado/compartido único, lo que evita el registro de información a través de múltiples plataformas y a la vez significa un ahorro de costos para los órganos del Estado. Asimismo, la información de todos los servicios es recogida en la plataforma www.infolobby.cl, que contiene los datos agregados sobre audiencias, viajes, donativos y lobbistas con respecto a todo el universo de sujetos obligados.
La Plataforma Ley del Lobby permite asimismo uniformar la manera en que personas, empresas y organizaciones del sector privado pueden solicitar audiencia a las autoridades, de manera que se resguarda el principio de igualdad de trato y ofrece el acceso a la autoridad a personas que antes carecían de tal posibilidad por no contar con contactos a nivel de tomadores de decisiones.
La puesta en marcha de la Ley del Lobby en Chile se caracterizó por dos elementos principales. Primero, fue un proceso de implementación gradual, el cual impactó a los diferentes niveles de gobierno (central, local y autónomo) con material educativo y capacitaciones generales y focalizadas. En éstas, se enfatizaron los aspectos que generaban mayores grados de confusión e incertidumbre en los actores involucrados. En segundo lugar, se generaron instancias de acompañamiento y soporte permanente para los funcionarios y autoridades impactadas por las obligaciones de la normativa.
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5. Who implemented the initiative and what is the size of the population affected by this initiative?
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La implementación de la Ley del Lobby estuvo a cargo de la Comisión de Probidad y Transparencia (antes Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
La Ley es aplicable a autoridades y funcionarios de la Administración del Estado y de los otros poderes del Estado y órganos autónomos, abarcando en general al sector público, a nivel nacional y subnacional, en todo el territorio del país, por lo que la población beneficiada alcanza a la totalidad de los habitantes del país e incluso a personas que se encuentren en el extranjero (las audiencias registrables incluyen las videoconferencias).
Los actores involucrados en el proceso de implementación fueron los siguientes:
1. Ministerio Secretaría General de la Presidencia: Agencia pública implementadora.
2. Consejo Para la Transparencia: Encargado de publicidad de registros.
3. Contraloría General de la República: Órgano fiscalizador.
4. Administración Central del Estado: Sujetos obligados
5. Gobiernos Locales: Sujetos obligados
6. Órganos autónomos: Sujetos obligados
7. Congreso: Sujetos obligados
8. Organizaciones de la sociedad civil: Uso de la información y accountability.
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6. How was the strategy implemented and what resources were mobilized?
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La estrategia planteada para implementar la ley lobby, consideró la acción de dos tácticas elementales para su desarrollo, la primera tenía que ver con planificación de dicha implementación y la segunda con la implementación en sí.
La planificación ejecutada, considero tres elementos centrales que permitieron la implementación integral de la normativa (SEGPRES, 2015). En primer término, se trabajó en la creación de todo el contenido académico-legal que esta norma requería para su comprensión a los sujetos afectados. En segundo plano se desarrolló la plataforma informática que materializo el cumplimiento de la ley. Por último, se diseñó un despliegue nacional que abarco la inducción de los sujetos pasivos, en todas las regiones del país.
La implementación se desarrolló de manera diferida, llevándose a cabo en tres etapas que involucraron en primera instancia a autoridades de nivel central del estado, en segundo lugar sujetos referentes a los servicios públicos y un tercer nivel las autoridades que comprenden el ambiente municipal.
Durante el proceso de implementación de la ley lobby, se realizaron 260 inducciones considerando las tres etapas de desarrollo. Estas contaron con la presencia de 6031 asistentes en su mayoría funcionarios públicos, pero también representantes de sociedad civil (SEGPRES, 2015).
En la primera etapa – orientada principalmente a ministerios y subsecretarías- , se realizaron 126 inducciones, en las cuales participaron 413 personas, principalmente autoridades de la primera línea de gobierno. Se realizaron además 3 jornadas de capacitación para asistentes técnicos los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2014, con más de 170 asistentes, y una jornada para los administradores institucionales el día 21 de noviembre de 2014, con más de 50 asistentes.
Durante la segunda etapa –pensada para los servicios públicos de todo el país- se realizó una gira nacional en la que se lograron realizar 56 inducciones, y donde participaron un total de 3101 personas de todo el país. Las jornadas de inducción se realizaron entre el 23 de diciembre de 2014 y el 7 de abril de 2015, comprendiendo tres tipos de inducciones: a) autoridades: 19 sesiones, con 1.148 asistentes; b) asistentes técnicos: 21 sesiones, con 1.536 asistentes, y c) sociedad civil: 16 sesiones, con 417 asistentes.
Finalmente se realizó la tercera y última etapa de la implementación lobby, en el contexto de un convenio de colaboración entre el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y el Consejo para la Transparencia, se contempló la administración municipal (gobierno local), instancia en la cual, se realizaron 78 inducciones a nivel nacional y donde participaron 2517 personas.
Los recursos destinados para la implementación de la ley fueron US$ 50.000 en incrementos presupuestarios en personal, más los recursos propios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
En cuanto a la plataforma tecnológica para la implementación, ésta fue diseñada por la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia, conjuntamente con la Unidad de Modernización, ambas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, como una forma de facilitar la publicación de la información por parte de las instituciones obligadas de manera estandarizada y que no significara un costo en desarrollo para los servicios públicos.
La Comisión de Probidad y Transparencia presta asesoría y soporte a los sujetos pasivos de los diversos servicios públicos, la que puede ser solicitada por correo electrónico y por vía telefónica. Esto cubre aspectos jurídicos y tecnológicos.
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7. Who were the stakeholders involved in the design of the initiative and in its implementation?
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Se generó un equipo conformado por profesionales de la Comisión de Probidad y Transparencia y Unidad de Modernización del Estado, ambas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Además, se crearon espacios de colaboración en la ejecución de la política con el Consejo para la Transparencia y Subsecretaria de Desarrollo Regional.
El Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, creado en marzo de 2015 por la Presidenta Michelle Bachelet y compuesto por un conjunto transversal de expertos ajenos al Gobierno, trató en su Informe Final sobre aspectos relativos a la Ley del Lobby, que se reflejan en la implementación que en definitiva tuvo la Ley, incluyendo la creación de un plan de capacitaciones y cursos sobre el contenido y la aplicación de la ley, para autoridades y funcionarios públicos.
La implementación de la Ley del Lobby fue incluida como compromiso en el segundo Plan de Acción de Chile en la Alianza para el Gobierno Abierto, en cuyos procesos de creación, consulta, difusión y monitoreo la sociedad civil participó activamente, a través de las organizaciones representadas en la Mesa de Trabajo Permanente de OGP en Chile.
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8. What were the most successful outputs and why was the initiative effective?
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A la fecha, la aplicación integral de la ley lobby, he permitido disponibilizar de manera permanente, el registro público de 143.242 audiencias, 150.593 viajes y 16.172 donativos, de sujetos pasivos afectos a esta norma (infolobby, 2017). Lo anterior nos da cuenta de los efectos directos que la ley ha tenido en la transparencia de registro de las autoridades públicas –sujetos pasivos- y de la cual, se han visto obligadas en el desarrollo de su gestión.
Asimismo, la plataforma registra a la fecha 5.150 lobbistas y 118.828 gestores de intereses.
Hasta junio de 2016, más de 16.000 personas, entidades y organizaciones, habían estado representadas en reuniones bajo la Ley de Lobby. Éstas incluyen corporaciones, universidades, juntas de vecinos, sociedades profesionales y comerciales, sindicatos, ONG, fundaciones y escuelas (Sahd & Valenzuela, 2016: 6).
En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos progresos derivados de la implementación de la ley se vinculan fuertemente al Objetivo 16: paz, justicia e instituciones fuertes, en particular las siguientes metas:
- Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
- Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.
- Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles.
- Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
- Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible
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9. What were the main obstacles encountered and how were they overcome?
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Uno de los principales obstáculos que se observaba de manera previa a la promulgación e implementación de la ley, era el acceso de los ciudadanos, organizaciones, corporaciones, entre otros, para llegar a las autoridades y solicitar una audiencia o reunión. De acuerdo a lo señalado por María Jaraquemada, de la ONG Espacio Público, "Antes de la Ley de Lobby, se necesitaba un contacto, un correo electrónico o el teléfono de alguien para acercarse a un subsecretario, un ministro, un alcalde o un congresista. Hoy en día, cualquier persona puede entrar en la plataforma web o llenar un formulario para solicitar una reunión” (Sahd & Valenzuela, 2016: 5). La Ley de Lobby democratizó el acceso a las autoridades, lo cual es un gran avance en reducir la brecha autoridad-ciudadano, promover la participación y formalizó la actividad de lobby. De acuerdo a lo expuesto por Sahd y Valenzuela “antes de la promulgación de la ley, por lo general sólo las grandes corporaciones y grupos de interés influyentes tenían los medios y contactos para acceder a las autoridades” (Sahd & Valenzuela, 2016: 5).
Antes de la Ley de Lobby, no existían datos ni evidencia sobre las reuniones a las cuales asistían las autoridades. La ley al establecer la obligación de registrar las actividades de los sujetos pasivos, se puede contar con información pública sobre la comunicación y relación entre el sector público y privado (Sahd & Valenzuela, 2016: 6).
Chile es un país legalista y con un servicio civil eficiente y comprometido. En ese sentido, no existieron resistencias formales a la ley de lobby. Significó, de todas maneras, un cambio cultural significativo por la asunción de la nueva plataforma tecnológica que modeló una nueva manera de solicitar audiencias.
La alianza con el Dirección Nacional del Servicio Civil y el centro de gobierno compuesto por el Ministerio del Interior, la Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría General de Gobierno fue clave en generar alianzas duraderas para el cambio.
En lo referido al registro de viajes y donativos, no ha significado mayores resistencias, por significar asuntos que ya llevaban registros en otras modalidades.
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