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El principal objetivo del Servicio de Intermediación en Deudas de la Vivienda (en adelante SIDH, por sus siglas en catalán) es proteger el derecho a la vivienda evitando su pérdida ante las dificultades de pago de préstamos hipotecarios, a través del asesoramiento legal especializado y gratuito a las personas que lo necesiten y, si es necesario, la intermediación con las entidades financieras para pactar soluciones alternativas a la pérdida de la vivienda. El SIDH es un servicio con vocación preventiva y de proximidad que es prestado por la Diputación de Barcelona en colaboración con la Generalitat de Catalunya, los consejos comarcales, los ayuntamientos y los ocho colegios de abogados de la provincia de Barcelona. El SIDH supone, desde su inicio, una respuesta innovadora y transformadora ante una problemática social emergente y con un crecimiento exponencial en el contexto de la provincia de Barcelona y del conjunto del estado español: el sobreendeudamiento hipotecario y las ejecuciones hipotecarias que han dejado a muchas personas y familias en situación de exclusión residencial. El SIDH basa su actuación en el impulso de sistemas de resolución alternativa de conflictos (mediación) entre las familias con dificultades y las entidades financieras titulares de los préstamos hipotecarios o contratos de alquiler; optimiza recursos públicos y privados; y aproxima la información, gestión y el asesoramiento a la ciudadanía. Además, fomenta el apoderamiento de las personas usuarias respecto a sus derechos en el ámbito residencial y la corresponsabilidad del sector privado en la búsqueda de soluciones al sobreendeudamiento hipotecario, lo que ha contribuido a hacer frente a una situación de emergencia social y a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población de la provincia de Barcelona en situación de vulnerabilidad social.

La finalidad principal del SIDH es evitar la pérdida de la vivienda resultado del impago de los préstamos hipotecarios o de las rentas de alquiler, Por ello los objetivos son: Ofrecer asesoramiento y orientación personalizada a las familias en situación de endeudamiento de vivienda a través de una red de puntos de atención municipales y supramunicipales. Mediar con las entidades financieras para renegociar la deuda y garantizar el mantenimiento de la vivienda. Estos objetivos se desarrollan sobre la base de un servicio gratuito de información, asesoramiento e intermediación donde la atención personal a los afectados la realizan los ayuntamientos y consejos comarcales; la información y asesoramiento especializado es a cargo de los colegios de abogados y, la intermediación con las entidades financieras es responsabilidad de la Generalitat de Catalunya. La Diputación de Barcelona es la coordinadora del servicio, haciéndolo posible mediante la firma de convenios de colaboración bilaterales con todos los participantes y encargándose de las funciones de seguimiento y control del servicio, conjuntamente con el gobierno de la Generalitat.

El servicio se dirige a personas y familias en situación de endeudamiento y con riesgo de perder la vivienda, por tanto pretende alcanzar a los más pobres y vulnerables, y mejorar sus condiciones de vida a través de fomentar políticas sociales orientadas a la inclusión y a la reducción de las desigualdades. Para ello se basa en la creación de alianzas a través de la coordinación entre la Diputación de Barcelona, el gobierno de Catalunya, los municipios de la provincia de Barcelona, con una coordinación entre áreas o departamentos de servicios sociales y de vivienda en cada municipio así como en la Diputación, y garantiza una atención especializada a través de la colaboración de los colegios de abogados de la provincia de Barcelona.

La iniciativa se basa en un modelo de gobernanza (multiactor y multinivel) que permite mejorar el servicio a la ciudadanía, y a su vez aprovechar las economías de escala y alcanzar un elevado nivel de eficiencia. El servicio, basado en puntos de atención supramunicipales en toda la provincia de Barcelona, garantiza la equidad de atención mediante la estandarización de processos, e implica, además de la calidad, un ahorro de recursos frente a la alternativa de un escenario de creación de servicios de atención individualizados para cada municipio. Además, el servicio no ha generado estructuras nuevas o ad hoc sino que se ha integrado en estructuras ya existentes en el mundo local (servicios sociales o vivienda), con el apoyo de la administración de la Generalitat y la Diputación de Barcelona, y los Colegios de Abogados. Este hecho ha permitido de forma indirecta reforzar estructuras locales de prestación de servicios relacionados con la lucha contra los efectos de la crisis y la pobreza. Por otro lado, el SIDH ha mejorado el acceso de la ciudadanía a los recursos de mediación con entidades financieras al tratarse de un servicio de proximidad, que se integra dentro del conjunto de servicios que presta el municipio.

El SIDH instaura una innovadora red de actores integrada por las administraciones de los diferentes niveles (local, provincial y regional) y por colegios de abogados (sector privado) aprovechando el expertise de cada uno de ellos. En este sentido, previamente a la puesta en marcha del servicio, el gobierno de Cataluña ofrecía intermediación con entidades financieras en casos de endeudamiento de vivienda pero el acceso de la ciutadania era más limitado por la falta de proximidad al territorio. Así mismo, algunos municipios ofrecían el servicio a sus ciudadanos, pero las negociaciones desde un nivel más local eran muy limitadas por la falta de posibilidades de negociación de los representantes locales de las entidades financieras, sujetos a la estricta aplicación de las reglas de sus entidades. Al operar conjuntamente entre administración autonómica y municipios, facilitado por la Diputación de Barcelona, se garantiza la proximidad a la ciutadania, mayor efectividad en la negociación ya que el gobierno de la Generalitat de Catalunya ejecuta de forma centralizada su rol en la negociación de las deudas hipotecarias con las entidades financieras. Por otro lado, se aprovecha la experiencia previa de los colegios de abogados que en muchos casos habían trabajado con los entes locales ante la necesidad de afrontar el incremento de casos de familias con problemes de endeudamiento.

La crisis económica ha impactado de forma importante en las familias con menores a cargo que son las que se encuentran ante mayores problemas para hacer frente a los gastos de vivienda y constituyen uno de los principales colectivos de usuarios del servicio, especialmente familias monoparentales y numerosas.

La implementación del SIDH se basa en un modelo innovador, ya que promueve la cooperación interadministrativa, de colaboración público-privada y un circuito único, coordinado por la Diputación de Barcelona en la atención a la ciutadania con problemes de sobreendeudamiento de vivienda que garantiza una actuación más efectiva, una mejor asignación de recursos, ya que se favorece una economía de escala en la prestación del servicio, y una mayor accessibilidad al recurso en todos los municipios de la provincia de Barcelona, independientemente de su tamaño.

Se trata de una innovación original en el ámbito del endeudamiento en la vivienda, pero que responde a un modelo de actuación de los servicios públicos multiactor y multinivel existente en otros ámbitos y adaptado a las nuevas necesidades sociales surgidas a raíz de la crisis económica.

El SIDH se coordina de forma transversal a través de dos áreas de la Diputación de Barcelona, la de Atención a las Personas y la de Territorio y Sostenibilidad, con 2 profesionales a jornada completa, que realizan tareas de seguimiento, control de ejecución y evaluación del servicio. En su gestión intervienen los diversos niveles de la administración autonómica, desde la Generalitat de Catalunya que asume en exclusiva la intermediación con las entidades financieras y aporta 4 profesionales a jornada completa; hasta los ayuntamientos y consejos comarcales de la provincia, que garantizan la primera atención del servicio. Para ello aportan aproximadamente 40 profesionales a tiempo parcial que se encargan de la atención, acogida de los afectados y apoyo a los abogados. Los colegios de abogados representan 40 profesionales a tiempo parcial que se encargan del asesoramiento experto y la elaboración de la propuesta de solución. Anualmente, la Diputación de Barcelona reserva 725.200 euros como recursos financieros destinados a la contratación de los profesionales de los colegios de abogados y 462.500€ euros para cubrir los gastos de los profesionales de ayuntamientos y consejos comarcales. Los ayuntamientos y consejos comarcales ceden el espacio necesario para la atención y el servicio dispone de un gestor de expedientes online y una comunidad virtual.

Si

La transferencia del SIDH es posible ya que existen protocolos cada vez más eficaces para elaborar, defender y negociar propuestas de intermediación ante las entidades financieras desarrollados por el servicio; así como un aplicativo informático de gestión de expedientes que ofrece la base procedimental para nuestros servicios y otros de características similares. La transferibilidad del SIDH se ha visto reflejada a nivel europeo al ser escogido como caso de estudio en el marco del proyecto “ImPRovE: Poverty, Social Policy and Innovation”, financiado por el 7º programa marco de la UE y liderado por la Universidad de Urbino (Italia), el año 2015; así como también en la realización de un intercambio de experiencias, en el marco de la European Social Network, entre la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Brujas (Bélgica) para conocer el trabajo mutuo en el ámbito del sobreendeudamiento. En ese mismo año 2015, el SIDH fue reconocido con el Premio EPSA como mejor práctica de administración supralocal. Además, en 2016 ha sido presentado como buena práctica en uno de los paneles de la 24ª Conferencia Europea de Servicios Sociales celebrada en La Haya. En Cataluña, el proyecto será implantado como prueba piloto en la provincia de Gerona y se está estudiando su implantación en las otras provincias, Lérida y Tarragona.

A nivel económico, el modelo de gobernanza permite aprovechar las economías de escala y alcanzar un nivel de eficiencia mucho mayor que con la creación de servicios de atención individualizados para cada municipio. Además, el servicio no ha generado estructuras nuevas o ad hoc sino que se ha implantado sobre estructuras ya existentes en el mundo local (servicios sociales o vivienda). A nivel social, se está instaurando un cambio cultural con la aceptación creciente de soluciones extrajudiciales tanto por parte de las entidades financieras como por parte de la judicatura (institucionalización de la intermediación), así como una mayor concienciación entre la ciutadania de buscar soluciones negociadas y preventivas ante problemas de pago de la vivienda. También se debe destacar la creación de canales permanentes de comunicación con las entidades financieras para el abordaje de este tema como la Mesa de intermediación de entidades financieras. A nivel ambiental es un servicio de proximidad que reduce los desplazamientos de la población y el impacto ambiental para acceder a los recursos públicos.

El mayor esfuerzo ha sido la puesta en marcha y el despliegue del servicio en toda la provincia de Barcelona hasta llegar a 40 puntos de atención supramunicipales. Una vez creada la estructura, el mantenimiento en el tiempo del servicio es plenamente viable porque no requiere de recursos adicionales y existe el compromiso político de todas las instituciones implicadas del mantenimiento económico y profesional del servicio.

Si

Se ha iniciado una evaluación externa del servicio que permitirá ampliar los aprendizajes tanto a nivel de resultados como de impacto ofreciendo una base para el diálogo con el mundo académico y otros agentes en torno a cómo las administraciones públicas pueden actuar para preservar el derecho a la vivienda de su ciudadanía. Anualmente hay una monitorización de la intervención obteniendo datos del impacto de las intervenciones sobre el mantenimiento de la vivienda.

Entre 2012 y 2016 se han atendido 4.212 persones o familias. Del total de casos, se han finalizado 3.007, el resto continuan abiertos en trámite. De los casos finalizados, 1.787 se han cerrado con un asesoramiento legal que ha empoderado a la ciudadanía, permitiendo a ésta llegar a acuerdos directamente con su entidad financera, con el apoyo o supervisión del SIDH. En 1220 casos se ha requerido intermediación des del SIDH con la entidad financera, de los cuales, un 63% han acabado con una resolución favorable.

Los indicadores básicos son el número de expedientes, distinguiendo entre los iniciados, los finalizados y la intervención requerida (asesoramiento, intermediación...) y el porcentage de casos resueltos favorablemente. Los datos se registran a nivel global de servicio así como en cada punto de atención a la ciudadanía para conocer el impacto en el territorio.

El SIDH se coordina de forma transversal a través de dos áreas de la Diputación de Barcelona, la de Atención a las Personas y la de Territorio y Sostenibilidad. En su gestión intervienen los diversos niveles de la administración autonómica, desde la Generalitat de Catalunya que ofrece personal especializado en la intermediación con las entidades financieras, hasta los ayuntamientos y consejos comarcales de la provincia, que garantizan la primera atención del servicio y su situación espacial. El SIDH cuenta, además, con el asesoramiento especializado de profesionales seleccionados por los diferentes colegios de abogados de la provincia. El programa se basa además en una coordinación entre áreas o departamentos de servicios sociales y de vivienda en cada municipio, y garantiza una asignación más efectiva de los recursos al ofrecer un mismo servicio con un circuito estandarizado al que se accede a través de distintos puntos de atención a las personas: los Servicios Sociales Municipales, las Oficinas Locales de Vivienda o las Oficinas Locales de Consumo. Se trata de diferentes puertas de entrada para acceder a un mismo recurso y a un circuito único de actuación, facilitando la accesibilidad y una respuesta equitativa en todo el territorio, con una asignación más eficiente y efectiva de los recursos.

El SIDH ha incorporado prácticas que habían resultado exitosas previamente, como por ejemplo el sistema de trabajo en partenariado entre actores públicos y privados que ha demostrado ser más eficaz aprovechando las potencialidades de cada actor. En este caso, la Generalitat de Catalunya en su rol de negociador de las deudas hipotecarias con las entidades financieras, garantizando así la igualdad de trato de todos los ciudadanos. Los municipios en su rol de primera atención, garantizando la proximidad a la ciudadanía. La Diputación como coordinadora del servicio a nivel municipal, garantizando la equidad territorial, y los colegios de abogados en su rol de asistencia jurídica profesional y experta para asegurar la calidad del servicio. El servicio también ha conseguido a adaptarse a los cambios legales en la materia, así como a las nuevas necesidades sociales, como la eliminación de cláusulas abusivas en las hipotecas y la ampliación del servicio a los casos de endeudamiento de alquiler en viviendas de entidades financieras o de sus grupos inmobiliarios. El servicio debe continuar incidiendo en la prevención y conseguir que las familias acudan al servicio cuando empiezan a tener problemas de pago o prevean que los van a tener en vez de esperar a que llegue una reclamación de la entidad financera.